Reciclaje de agua y participar en hidrógeno verde: Los planes de Aguas Antofagasta para 2024

El pasado jueves Aguas Antofagasta celebró uno de los hitos más importantes tanto para la empresa como para la región donde opera: el inicio de las obras de ampliación de la Planta Desaladora Norte, encargada de proveer a gran parte de los consumidores de la zona, y que a partir de 2024 abastecerá al 100% de la población de la capital regional.

A la ceremonia asistieron distintas autoridades, como el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas; y es que el proyecto de US$130 millones es de tal magnitud, que convertirá a Antofagasta en la primera ciudad de Latinoamérica de más de 200 mil habitantes en proveer recursos hídricos para consumo humano a partir de agua desalada. Pero no es la única iniciativa que por estos días maneja la empresa.

Según señaló a DF Carlos Méndez, gerente general de la sanitaria controlada por el grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), en la compañía están convencidos de que este modelo a construir es replicable en zonas costeras con problemas de agua potable. Y Chile cobra especial relevancia para el desarrollo de estas ideas.

“Hay muchos proyectos, como por ejemplo la utilización de agua tratada para reúso, que pueden ser utilizados en temas como agricultura o minería. Son de mucho interés y los estamos mirando”, menciona el ejecutivo. Y cuenta que, si bien aún no contemplan el inicio de nuevos proyectos similares para el primer semestre del próximo año, sí cuentan con iniciativas como el uso de agua reciclada para la producción de hidrógeno verde que “muy seguramente se desarrollarán a partir del año 2024”.

Desalación e hidrógeno verde

Para el grupo, Chile califica como el mejor ecosistema de Latinoamérica para desarrollar inversiones de este tipo, y es por esto que desde Aguas Antofagasta han sostenido algunas reuniones con varios inversionistas de hidrógeno verde con la intención de forjar alianzas de joint venture a futuro.

“(La desalación), en su momento inicial como toda nueva tecnología fue costosa. Y al empezarse a masificar y haber más producción en serie, sus costos bajan un poco más. Hoy creemos que está en posibilidades de acceso para proyectos multipropósito”, dice el empresario.

En este sentido, Méndez señala que pese a las complicaciones propias de la pandemia, la compañía no ha tenido mayores dificultades en términos de financiamiento. Destaca la emisión de dos bonos en 2020 y 2021, por UF 3 millones y UF 4 millones, respectivamente, los cuales generaron bastante interés.

“Hemos tenido muy buen apoyo de los bancos y cuando hicimos las emisiones vimos muy buena receptividad por parte de los inversores”, sostiene el CEO de la sanitaria.

Rol del Estado

Respecto del proyecto de ampliación de la planta desaladora, Méndez descarta absolutamente que sea una zona de sacrificio. Cuenta que desde el 2003 la empresa cuenta con un programa de vigilancia ambiental cuyas mediciones son entregadas habitualmente a la Superintendencia de Medio Ambiente para el resguardo del ecosistema.

Y en lo que concierne a tarifas, destaca la negociación llevada a cabo en 2021 con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde se acordó que el costo para los usuarios se mantendrá congelado hasta al menos el 2026, pese a consumir agua desalada. “El mensaje central es que no hay incremento tarifario vía la desalación”, dice.

Por último, desde la compañía creen importante que el Estado se involucre mayormente en proyectos de desalinización pues, según señalan, podría facilitar la tramitación de los permisos, y adicionalmente apalancarían inversiones “que el costo de los receptores no tendrían posibilidades de pagarlo, como en el caso de los agricultores”.

“Las asociaciones público-privadas permiten hacer esos cierres financieros que no pueden pagar las comunidades”, concluye el ejecutivo.